NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Acerca de la objeción
de conciencia
ante una ley radicalmente injusta
que
corrompe la institución del matrimonio
El Gobierno
anunció hace un año su intención de regular civilmente el matrimonio de una manera
desconocida hasta ahora para la Humanidad. Para casarse no importaría hacerlo
con una persona del mismo sexo. En la legislación española el matrimonio
dejaría de ser la indisoluble unión de vida y de amor de un hombre y de una
mujer, abierta a la procreación, para convertirse en un contrato sin referencia
alguna a la diferencia de sexos e incapaz, por tanto, de prestar a la sociedad
el incomparable servicio de dar cauce a la complementariedad conyugal y de
procrear y educar a los hijos. Ahora parece que el Parlamento se muestra
dispuesto a aprobar esta nueva definición legal del matrimonio que, como es
obvio, supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y
una auténtica subversión de los principios morales más básicos del orden
social.
El 15 de julio de
2004 publicamos una Nota titulada En favor del verdadero matrimonio.
Allí explicábamos las razones que nos obligan a pronunciarnos en contra de este
proyecto legal, dado que nos corresponde anunciar el evangelio de la familia y
de la vida, es decir, la buena noticia de que el hombre y la mujer, uniéndose
en matrimonio, responden a su vocación de colaborar con el Creador llamando a
la existencia a los hijos y realizando de este modo su vocación al amor y a la
felicidad temporal y eterna.
Hoy, ante la
eventual aprobación inminente de una ley tan injusta, hemos de volver a hablar
sobre las consecuencias que comportaría este nuevo paso. No es verdad que esta
normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no
puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del
matrimonio. Esa unión es en realidad una falsificación legal del matrimonio,
tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de
un país. Pensamos con dolor en el perjuicio que se causará a los niños
entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se
dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio.
Pensamos también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u
otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no
será ya la unión de un hombre y de una mujer.
Ante esta triste
situación, recordamos, pues, dos cosas. Primero, que la ley que se pretende
aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se
hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral. La función
de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no
puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de
obligar en conciencia.
En segundo lugar,
y como consecuencia de lo anterior, recordamos que los católicos, como todas
las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni
complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma
clara e incisiva. En concreto, no podrán votar a favor de esta norma y, en la
aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada
cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. El ordenamiento
democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de
conciencia y garantizar su ejercicio.
Es nuestro deber
hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el
camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y
gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia, de
los jóvenes y de los educadores. Oponerse a disposiciones inmorales, contrarias
a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y
del bien de cada persona.
Madrid, 5 de mayo 2005