NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

«Ante la licencia legar para clonal seres humanos

y la negación de protección a la vida humana incipiente» 

El Congreso de los Diputados votará próximamente la llamada Ley de técnicas de reproducción humana asistida, que suscita una honda preocupación.

El Evangelio es una fuerza divina a favor de la vida humana; muy en particular, de la vida de los débiles y de aquellos que no pueden defender por sí mismos su derecho fundamental a vivir. El Evangelio de la vida, que proclama que todo ser humano, con independencia de su edad, de su salud o de cualquier otra circunstancia temporal, está dotado de una dignidad inviolable, nos obliga a llamar la atención sobre una Ley que niega la protección jurídica que un ordenamiento justo ha de dar a la vida humana incipiente.

Las técnicas que suplantan la relación personal de los padres en la procreación no son conformes con la dignidad de la persona y arrastran consigo serios males para las personas, incluídos graves atentados contra las vidas humanas incipientes, es decir, contra los hijos. Lo explicaba sucintamente el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal en su Nota del 25 de mayo de 2004, titulada Por una ciencia al servicio de la vida humana, en la que se expresaba también la postura de la Iglesia en favor de la ciencia que sirve realmente para curar sin dañar ni destruir la vida de ningún ser humano.

Enumeramos algunos de los aspectos más problemáticos de la Ley en cuestión.

  1. Si no es modificada todavía en las Cortes, esta Ley pasará a la historia como una de las primeras del mundo que da licencia para clonar seres humanos, autorizando la llamada “clonación terapéutica”. Los adjetivos benévolos no deben inducir a engaño. Se trata de producir seres humanos clónicos a los que, además, no se les dejará nacer, sino que se les quitará la vida utilizándolos como material de ensayo científico a la búsqueda de posibles terapias futuras. La Ley permite estas gravísimas injusticias y, además, quiéralo o no, abre también la puerta a la futura producción de niños clónicos, es decir, a la llamada “clonación reproductiva”.

  2. Se permite producir embriones humanos no ya para la reproducción, sino como mero material de investigación. Y se posibilita la comercialización, tráfico y uso industrial de los embriones humanos llamados “sobrantes” de las prácticas de reproducción, ya que no se establece restricción alguna para investigar con ellos, ni se pone límite alguno eficaz a la cantidad que de tales embriones se pueda generar.

   3. Se posibilita asimismo la selección eugenésica en nuevos campos, como el de la producción de los llamados “bebés-medicamento”, es decir, niños que nacerán con determinados fines terapéuticos, después de que otros hermanos suyos, inapropiados para esos fines, hayan sido seleccionados para la muerte en los primeros días de su existencia.

   4. La Ley en trámite de aprobación legaliza igualmente la fecundación de ovocitos animales con esperma humano, una práctica de consecuencias imprevisibles reprobada en diversos convenios internacionales.

Los intereses económicos y políticos en juego no están permitiendo un debate sereno de asuntos de tanta trascendencia como éstos. Somos conscientes de que nuestra firme denuncia de esta Ley y de las prácticas a las que se refiere, puede ser presentada falsamente como un prejuicio religioso de un grupo social contrario al avance de la ciencia. Estamos, sin embargo, seguros de que alzando nuestra voz contra la legalización de tan graves atentados contra el ser humano, cumplimos con el deber que tenemos de anunciar el Evangelio de la vida y prestamos un verdadero servicio a nuestra sociedad. Animamos a los católicos a prestar este mismo servicio en los ámbitos de sus respectivas responsabilidades, ya sean éstas políticas, científicas, educativas o de ciudadanos responsables. No será posible a los diputados católicos apoyar esta ley con su voto. Tenemos que decir “no”, porque no podemos omitir el “sí” consecuente a la dignidad humana y a la justicia.

Madrid, 9 de febrero de 2006.