Hazteoir.org, 29-07-2004
29-7-04: La Federación Andaluza de Lesbianas, Gays y Transexuales, con el apoyo de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, ha presentado finalmente una denuncia contra la Conferencia Episcopal por un supuesto delito de "apología de la homofobia" inexistente en el Código Penal, por lo que tiene nulas posibilidades de prosperar. La denuncia se basa entre otras en las declaraciones del Arzobispo de Santiago, el 25 de julio, según las cuales el matrimonio tiene una naturaleza "esencialmente heterosexual", puesto que Monseñor Barrio ni siquiera hizo mención alguna de la homosexualidad en su homilía.
El Centro Jurídico Tomás Moro ha señalado que el delito del que acusa el citado colectivo gay al Arzobispo compostelano "no existe en cuanto tal en nuestro Código Penal". En una nota emitida por este Centro se señala que "el tipo delictivo que pudiera ser más próximo es el previsto en el artículo 510 del CP que sanciona a quienes provoquen a la discriminación por razón de la 'orientación sexual'."
En su homilía, en la que ni siquiera hizo referencia alguna a la homosexualidad ni a los homosexuales, Monseñor Julián Barrio se limitó a criticar la "confusión y debilidad moral" existente "sobre el matrimonio, esencialmente heterosexual y base ineludible de la familia, cuya quiebra supone la quiebra de la sociedad haciéndola vulnerable a intereses que nada tienen que ver con el bien común."
Tal como señalan desde el Centro Jurídico Tomás Moro, "afirmar la naturaleza intrínsecamente heterosexual del matrimonio no constituye una discriminación frente a los homosexuales. El propio Tribunal Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que una diferenciación en el trato jurídico sólo supone una discriminación cuando es arbitraria y no está justificada por razones objetivas."
Desde el Centro Jurídico Tomás Moro se asegura que "en realidad, el lobby homosexual pretende establecer una policía de las ideas criminalizando a todo el que ose sostener alguna tesis contraria a sus intereses." Ello supone un intento de ejercer una represión y censura intelectual que vulnera frontalmente la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. En este sentido, la denuncia de la Federación Andaluza de Gays y Lesbianas persigue imponer la ley del silencio y acallar cualquier voz que no se pliegue a sus reivindicaciones.
Es sencillamente absurdo que se pretenda imputar penalmente a quienes, como el Arzobispo de Santiago, sostienen que no debe modificarse el régimen legal vigente actualmente en España y en la mayoría de los países del mundo. Millones de personas comparten esta tesis por lo que, de resultar fundada la denuncia de la Federación de Gays y Lesbianas, habría que iniciar procedimientos penales contra más de la mitad de la población española.