ABC, Martes, 31 de agosto de 2004
Educación presentará a primeros de curso a la comunidad educativa toda una batería de cambios en la Ley de Calidad y admitirá sugerencias hasta diciembre
R. BARROSO/ MADRID. Llega septiembre y este
año no serán sólo los alumnos los que tendrán que esforzarse. Gobierno,
Autonomías y comunidad educativa tienen por delante un duro trimestre en el que
tendrán que «aprobar» el nuevo anteproyecto de ley que modificará los aspectos
más conflictivos de la vigente Ley de Calidad (LOCE). Un borrador que, según
fuentes de Educación, ya se tiene casi ultimado y que en breve será presentado.
A partir de entonces el Gobierno se da un plazo de 10 meses -de septiembre al
próximo julio- para tener aprobado el nuevo proyecto de ley.
Un texto en el que, de momento, se han tenido en cuenta las sugerencias que
sobre las principales líneas de actuación ya han realizado las Comunidades
Autónomas -las primeras en ser consultadas en este proceso de debate- de acuerdo
con la promesa que desde un inicio realizó la ministra de Educación, María Jesús
San Segundo.
El proyecto de borrador contempla medidas como la reagrupación de toda la
Infantil en una sola etapa, la creación de una única prueba de acceso a la
universidad, el fomento de las lenguas extranjeras, una revisión de las
enseñanzas artísticas o la posible sustitución de los itinerarios por programas
integrales de compensación. Asimismo, el Gobierno pretende modificar el sistema
de enseñanza de la Religión recogido en la LOCE y volver al modelo Logse, donde
la alternativa no es evaluable ni tiene un carácter fundamental. Se trata de una
serie de puntos que el Gobierno presentará a inicios de curso al resto de la
comunidad educativa para que ésta pueda aportar su opinión.
Itinerarios. El nuevo Gobierno considera que eliminar a los alumnos con
dificultades es fácil para garantizar la apariencia de orden y limpieza
académica dentro del sistema, pero el esfuerzo debe centrarse en prevenir el
fracaso y promover el éxito escolar. Considera que los itinerarios previstos en
la LOCE para el segundo ciclo de Secundaria -entre 14 y 16 años- clasifica a los
alumnos antes de tiempo y orienta a un sector del alumnado hacia horizontes
educativos y laborales de segundo orden.
La propuesta pasa por eliminarlos y diseñar una alternativa útil. Hasta el día
de hoy, la opción más avalada por el Gobierno es una apuesta por programas
integrales de compensación educativa en centros y zonas de atención preferente,
como ocurre en Francia e Inglaterra. Así, se pondrían en marcha medidas
encaminadas a reducir el tamaño de los grupos, una mayor dotación de profesores
y educadores sociales.
Reválida. Para el acceso de alumnos a la Universidad se propone la creación de
una única prueba de conocimientos y competencias que, combinada con el historial
académico «incentive la calidad» de la enseñanza Secundaria y Superior y haga
«comparables, transparentes y objetivos» los resultados. La prueba no se llamará
ni Selectividad ni Prueba General de Bachillerato. La nota final que obtendrán
los alumnos no será, como hasta ahora estaba previsto, la media aritmética de la
prueba y el Bachillerato, sino que cada materia tendrá un ponderación diferente
según la especialidad universitaria a la que aspire el estudiante. La prueba
integrará -en su definición y evaluación- a representantes de Secundaria y de la
Universidad.
Religión. Una vez paralizada la entrada en vigor del nuevo sistema de enseñanza
de la Religión, que preveía la creación de una alternativa no confesional, y que
sería evaluable y computable, al igual que su versión confesional, parece que
poco va a cambiar el panorama de esta materia. No obstante, todo apunta a que el
área «Sociedad, Cultura y Religión» podría seguir como alternativa no evaluable
en Secundaria y Bachillerato para que todos aquellos alumnos que opten por
conocer el hecho religioso desde una vertiente no confesional lo puedan hacer a
través de talleres y módulos de trabajo. Aún así, el Gobierno incidirá en el
fomento de la enseñanza en valores y la posible creación de asignaturas que la
refuercen.
Becas. El Gobierno ya ha aprobado un crédito extraordinario de 36 millones de
euros para el presente ejercicio, dentro de una elevación del gasto en becas que
para el próximo curso se ha cifrado en 66 millones de euros adicionales. Se
concede prioridad a las ayudas compensatorias para las familias de menor renta.
Con los datos actuales se estima que se concederán unas 20.000 ayudas
compensatorias adicionales. Aumentan un 5 por ciento la cuantía de las ayudas de
residencia, transporte, compensatoria y las de necesidades educativas
especiales. Además, los alumnos recibirán el importe de sus becas en el primer
trimestre de curso.
Tareas pendientes
Una vez se haya realizado el proceso de diagnóstico y debate previsto hasta
diciembre, enero de 2005 será el momento de tener listo el anteproyecto para que
éste inicie su trámite por los órganos institucionales como el Consejo Escolar
del Estado o la Conferencia Sectorial de Educación. Así, el Gobierno espera que
el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley en febrero para someterlo a
debate hasta julio en el Congreso. A partir de entonces durante el 2005-2006 se
aprobarán los Reales Decretos de Desarrollo y las normas necesarias para su
puesta en marcha. Y será a partir de 2006-2007 cuando se comiencen a implantar
las medidas incluidas en la nueva ley.