El Mundo-Castellón

La Fiscal puede tener, lógicamente, su opinión personal, como todo el mundo, aunque sería deseable que el respeto a la libertad, el rigor educativo y, en su caso, la responsabilidad jurídica que debe presidir su tarea, presida este asunto

      Susana Gisbert, fiscal de Violencia de Género y portavoz de la Fiscalía de Valencia, ha efectuado unas declaraciones incendiarias, sorprendentes y de un radicalismo que va contra reiteradas sentencias del Tribunal Supremo. La Fiscal apuesta por suprimir todos los colegios, tanto públicos como concertados y privados, para “educar en igualdad”, preguntándose: «¿cómo va a educar en igualdad un colegio que segrega a los niños de las niñas? Esto es prácticamente imposible».

      Gisbert puede tener, lógicamente, su opinión personal, como todo el mundo, aunque sería deseable que el respeto a la libertad, el rigor educativo y, en su caso, la responsabilidad jurídica que debe presidir su tarea, presida este asunto.

      El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias sobre la educación diferenciada, que ella debe conocer bien y respetar. En una de ellas, el Supremo afirma que no se cuestiona, en absoluto, el derecho a una educación diferenciada; en dos sentencias recientes, el Supremo ha ratificado la supresión del concierto económico a colegios privados con educación diferenciada basándose en la actual ley educativa socialista; otras veces, el Supremo ha reconocido el derecho de los colegios con educación diferenciada al concierto.

      Pero hay que observar que el Supremo jamás ha afirmado ni insinuado, sino todo lo contrario, que la educación diferenciada deba ser suprimida. Sólo se ha pronunciado sobre el derecho al concierto económico. Junto con el Tribunal Supremo, hay pedagogos que avalan las ventajas de la educación diferenciada, y miles de familias la quieren para sus hijos, también por los resultados que comprueban.

      Gisbert no se atreve a criticar a todos los países −Estados Unidos, Gran Bretaña, etc.− que tienen colegios de educación diferenciados, públicos y privados. Pero si Gisbert es coherente ahora debe emprender una “cruzada” ideológica y sectaria mundial, pero mejor que no lo haga para no desprestigiar nuestros órganos judiciales, que alguna medida deben tomar para que Gisbert sea una juez competente y respetuosa.

      Hay que respetar a quienes desean una educación mixta para sus hijos, pero no estigmatizar −aunque sean minoría− a quienes prefieren la educación diferenciada, que en absoluto piensan que “segregue”. 

Javier Arnal