miércoles, 30 de julio de 2003. Juan Lara (Efe) - Ciudad del Vaticano.
El Vaticano ha pedido a los políticos católicos que se opongan a
todas las leyes que reconozcan las uniones homosexuales, asegura que éstas son
«inmorales» y «nocivas» para la sociedad y que al legalizarlas se expone a
los jóvenes a un concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio.
También se
ha mostrado contrario a las adopciones de niños por parte de estas parejas
porque significa someterles a «violencias de distintos órdenes», algo «gravemente
inmoral y en contradicción con los principios de la ONU para los niños». La
petición la ha hecho en el documento «Consideraciones acerca de los proyectos
de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», preparado
por la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), hecho público
hoy por la Santa Sede.
El documento
ha puesto en pie de guerra a grupos homosexuales y partidos políticos laicos,
que se manifestaron en contra delante de la plaza de San Pedro al considerarle
como el «enésimo e intolerable ataque» de la Iglesia contra los derechos
individuales de la persona. El documento ha sido preparado «para proteger y
promover la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia y la solidez de la
sociedad» ante la intención de muchos países de reconocer legalmente las
uniones homosexuales, incluso el que puedan adoptar hijos.
El texto, de
gran dureza, subraya que no existe fundamento alguno para asimilar o establecer
analogías «ni siquiera remotas» entre las uniones homosexuales y el proyecto
de Dios sobre el matrimonio y la familia. «El matrimonio es santo mientras que
las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos
homosexuales cierran el acto sexual al don de la vida, no pueden ser aprobados
de manera alguna», afirma la congregación que vela por la ortodoxia católica,
que subraya que la homosexualidad es un hecho «desordenado» y su práctica «un
pecado grave contrario a la castidad».
El documento
agrega que hay que «desenmascarar» el uso instrumental o ideológico que se
puede hacer de la tolerancia hacia los homosexuales y afirmar «el carácter
inmoral» de esas uniones y recordar al Estado que pueden poner en peligro el
tejido de la moralidad pública. A este respecto añade que estas eventuales
leyes pueden exponer a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la
sexualidad y el matrimonio y contribuir a la difusión de la homosexualidad.
Para oponerse al reconocimiento de esas uniones
el Vaticano se basa en cuatro puntos: orden racional, orden biológico y
antropológico, orden social y orden jurídico. Del primero dice que las
legislaciones favorables a esas uniones son contrarias a la recta razón, ya que
confieren garantías jurídicas análogas a las del matrimonio entre personas de
distinto sexo. A este respecto precisa que hay que distinguir entre el
comportamiento sexual como fenómeno privado y como fenómeno público,
legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del
ordenamiento jurídico. «La legalización de las uniones homosexuales acabarían
de desvalorizar la institución matrimonial», subraya el texto, que en el
argumento biológico destaca que estas uniones no están en condiciones de
asegurar adecuadamente la procreación o la supervivencia de la especie humana.
Añade que la ausencia de bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo
normal de los niños eventualmente integrados en esas uniones, ya que les falta
la experiencia de la maternidad o la paternidad.
En el
argumento de orden social afirma que el reconocimiento legal de esas parejas
supondrá la redefinición del matrimonio, que pierde su referencia como lugar
para la procreación y la educación. «Hay suficientes razones para afirmar que
tales uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad, sobre todo si
aumenta su incidencia efectiva en el tejido social», precisa el texto. Sobre el
orden jurídico, el Vaticano afirma que es falso el argumento de que la
legalización de esas uniones es necesaria para reconocer los derechos comunes
de los que conviven, «ya que todos los ciudadanos pueden recorrer al derecho
común para tutelar la situación jurídica de interés recíproca».