El deseo de ser padre o madre no puede ser elevado a derecho individual que justifique disponer del cuerpo de una mujer y apropiarse de la vida de un niño
Comenté en su día el primer balance sobre los "estados generales" de la bioética en Francia, no sin envidia por el rigor del trabajo realizado antes de abordar legalmente las grandes cuestiones sociales. No he hablado, en cambio, de las propuestas elaboradas por el comité nacional de ética, publicadas en septiembre. Sin entrar en detalles, coinciden en dos puntos muy importantes con la mayoría reflejada a lo largo de las diversas actividades celebradas en el primer semestre: no tocar la ley vigente sobre el fin de la vida, Claeys-Leonetti, por el nombre de sus dos ponentes, el primero, socialista; el segundo, conservador; el rechazo de la maternidad subrogada, es decir, el mantenimiento de la prohibición del contrato de alquiler de un vientre materno (GPA: gestación para otro).
En cambio, sobre la procreación médicamente asistida (PMA), aunque se había advertido una ligera tendencia a mantener el status quo, el comité se muestra más bien partidario de introducirla en el ordenamiento francés, que la reserva a parejas heterosexuales, porque prevalece el aspecto médico: indicación terapéutica contra la infertilidad dentro del matrimonio. El primer ministro Edouard Philippe manifestó ya su criterio favorable.
Las críticas fueron inmediatas, por razones conocidas. Pero no faltan nuevos argumentos, para quienes consideran que la PMA abre el camino hacia la GPA. Nada tengo contra Uber, pero me hizo gracia el titular de una tribuna en Le Monde del 28 de septiembre, firmada por el prefecto −más o menos gobernador civil− Jean-Christophe Parisot de Bayard: “Non à l'ubérisation de la reproduction”. A su juicio, el comité no tiene en cuenta los derechos del niño y abre la puerta a los transhumanistas, aparte de contribuir a crear una auténtica “economía reproductiva”. Una vez deshumanizada la procreación, la PMA conduciría inevitablemente a la GPA, en nombre de la igualdad. No lo justifica el comprensible deseo de tener un hijo. Las posibilidades increíbles de la ciencia deben ser “pensadas, organizadas, encuadradas, reguladas”.
A partir de ahora, se podrá aducir una sentencia del Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo −algo así como la sala IV del Tribunal Supremo español−, hecha pública a comienzos de octubre, a raíz de una cuestión de constitucionalidad planteada por dos mujeres a las que el Hospital Universitario de Toulouse denegó una solicitud de PMA: excluir a una pareja lesbiana de ese tratamiento −reservado a parejas heterosexuales infértiles o con riesgo de transmitir una enfermedad al hijo− no es discriminatoria, porque “el principio de igualdad no se opone a que el legislador regule de manera diferente situaciones diferentes, o que haga excepciones a la igualdad por razones de interés general”. Coincide con un criterio aplicado por el Tribunal Constitucional español en casos muy distintos.
Más rotunda aún es la moción global de cerca de un centenar de ONG, de diecisiete países, presentada a la asamblea general de la ONU, que insiste en la línea planteada hace dos años para establecer una prohibición mundial de esa práctica que degrada a la mujer. Entre las promotoras de la iniciativa está una ONG española, Recav (Red Estatal contra el Alquiler de Vientres). En su página Web se puede consultar la relación de asociaciones que la constituyen: en conjunto, simplificando, se puede decir que son feministas y más bien de izquierda: no se oponen sólo a la mercantilización del cuerpo de mujer, sino al “neoliberalismo patriarcal”.
A Recav se unieron 28 organizaciones francesas, otras tantas argentinas, seis británicas, seis suecas, cinco italianas, tres mexicanas, tres australianas y varias de Estados Unidos, India, Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, Tailandia, Camboya, Perú y República Dominicana. Coinciden con las peticiones planteadas en marzo de 2017 en una reunión celebrada en la Cámara baja italiana, o un año antes en la Asamblea nacional francesa.
No se limitan a proclamar derechos conocidos de la mujer o del niño, establecidos en convenciones internacionales y en los ordenamientos jurídicos de muchos Estados. Se oponen en concreto a la influencia efectiva de la ONU y de dos de sus agencias (el fondo de población y el alto comisionado para los derechos humanos), que presionan a gobiernos del mundo, especialmente de países en desarrollo, para que legalicen la maternidad subrogada, aunque en términos de “altruismo”. Para Recav, como para cualquier conocedor del problema, no existe esa realidad: es un eufemismo que conducirá en la práctica a nuevas formas de tráfico de mujeres y de niños.
Al cabo, como señalan en el preámbulo de la moción, la maternidad subrogada consiste en una expropiación específica de la capacidad reproductiva de la mujer. Implica un control severo de su vida durante el embarazo. Pone en peligro su salud física y psíquica para satisfacer el deseo de terceros. En definitiva, el deseo de ser padre o madre no puede ser elevado a derecho individual que justifique disponer del cuerpo de una mujer y apropiarse de la vida de un niño. Se cosifican y se convierten en “objeto” de un contrato mercantil, dentro de un “mercado” que mueve ya miles de millones de dólares y camina, de hecho, hacia prácticas de eugenesia.
