Eurodiputados colocan al Papa entre los «opresores de los homosexuales»   ESTRASBURGO, miércoles, 18 enero 2006 (ZENIT.org).- El Parlamento Europeo votará mañana 19 de enero una Resolución que considera el matrimonio entre homosexuales un derecho fundamental, y a las legislaciones que lo rechazan como «homofóbicas», revela a Zenit Giorgio Salina, vicepresidente de la Convención de los Cristianos por Europa.   Tras informar sobre lo sucedido en la sesión plenaria del 16 de enero de...

Eurodiputados colocan al Papa entre los «opresores de los homosexuales»

 

ESTRASBURGO, miércoles, 18 enero 2006 (ZENIT.org).- El Parlamento Europeo votará mañana 19 de enero una Resolución que considera el matrimonio entre homosexuales un derecho fundamental, y a las legislaciones que lo rechazan como «homofóbicas», revela a Zenit Giorgio Salina, vicepresidente de la Convención de los Cristianos por Europa.

 

Tras informar sobre lo sucedido en la sesión plenaria del 16 de enero del Parlamento de Estrasburgo, Salina afirmó que algunos europarlamentarios acusaron a Benedicto XVI y al ministro italiano para la Cultura, Rocco Buttiglione, de ser expresión de una cultura que discrimina a los homosexuales.

 

En esa sesión plenaria del Parlamento Europeo, añadió el vicepresidente de la Convención de los Cristianos por Europa, se examinó una Resolución que prevé la lucha contra la discriminación de los homosexuales y la condena de la homofobia.

 

Según tal resolución, eventuales tomas de posición por parte de las constituciones o legislaciones de los Estados miembros que den pie a que no se acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo serán consideradas «homofóbicas».

 

La misma Resolución, propuesta por el Partido Popular Europeo, afirma que «impedir el matrimonio entre homosexuales es una forma de discriminación».

 

Salina indicó que, durante el debate, algunos europarlamentarios definieron «el matrimonio homosexual y la eventual adopción de niños por parejas homosexuales o lesbianas, como un derecho humano fundamental».

 

El eurodiputado británico Michael Cashman, presidente del intergrupo gay y lesbiano del Parlamento Europeo, dijo que «si no me permitís regular mi unión, que dura ya veintidós años, me lesionaréis un derecho fundamental».

 

Por su parte, la eurodiputada alemana Lissy Groner aseguró que «el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales son derechos fundamentales».

 

Respecto a los grupos interparlamentarios, Salina explicó a Zenit que todos los miembros de los diversos partidos pueden constituir un intergrupo. Los hay sobre Economía Social, Defensa de la Familia, etc. En concreto, el intergrupo gay y lesbiano tiene 120 miembros, el más numeroso del Parlamento Europeo.

 

Pero lo más grave, según Salina, es que algunos eurodiputados señalaron al Papa y al ministro Buttiglione como «sostenedores de una cultura que favorece a los agresores y opresores de los homosexuales».

 

Hace poco más de un año, no fue aceptada la candidatura de Buttiglione a comisario de Justicia, Libertades Públicas y Seguridad por parte del Parlamento Europeo, debido a unas declaraciones que fueron definidas ofensivas y fundamentalistas por parte de las asociaciones para los derechos de los homosexuales.

 

El 5 de octubre de 2004 Buttiglione defendió el matrimonio tradicional, afirmando que la «palabra matrimonio viene del latín y quiere decir 'protección de la madre' y por tanto el matrimonio existe para permitir a las mujeres tener niños y protección por parte del varón, que asume su cuidado».

 

El mismo día, al afrontar la cuestión de la discriminación de los gay en ámbitos laborales, Buttiglione en cambio declaró: «Como católico, considero la homosexualidad un pecado pero no un delito. La mía es una postura moral y no repercute en los derechos que deben ser reconocidos a todos».

 

«A este paso --comentó Salina--, nadie, ni siquiera el Papa podría ya rechazar o criticar comportamientos homosexuales porque se convertiría en culpable de proporcionar un apoyo cultural a la homofobia».

 

Sobre el valor de la Resolución, que será votada mañana, Salina explicó que no tiene carácter vinculante, de modo que «los países miembros pueden incluso ignorarla, pero los tribunales constitucionales hacen referencia a las Resoluciones del Parlamento como fuentes de derecho».

 

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