Los alumnos de Castilla la Mancha que se nieguen a asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía acogiéndose a la objeción de conciencia, no pasarán de curso ni tendrán oportunidad de obtener el título
Gaceta de los Negocios
Los alumnos de Castilla la Mancha que se nieguen a asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía acogiéndose a la objeción de conciencia, no pasarán de curso ni tendrán oportunidad de obtener el título. Así de tajante se mostró el delegado provincial en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia de esta comunidad, Ángel Felpeto. La rebelión ciudadana contra la enseñanza que incorpora la enésima reforma educativa viene acompañada de distintas medidas según las autonomías.
El Ministerio de Educación ya dejó claro que, les guste o no, la ley es taxativa y Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria que deberá impartirse en las mismas condiciones que Lengua o Matemáticas. Así, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE advirtieron que aquellos alumnos que no asistieran a Educación para la Ciudadanía y, por tanto, no se presentasen a los exámenes, tendrían suspensa la materia. Mientras, el PP ofreció por su cuenta otras alternativas como la de Esperanza Aguirre de convalidar la asignatura por actividades de voluntariado.
Castilla la Mancha ha dado un paso más y ha sentenciado que el alumno que no curse la materia, sea ésta cual sea, no podrá ser evaluado y, en consecuencia, no promocionará de curso y no titulará, según una nota de la Delegación Provincial. Antonio Espíldora, presidente en Toledo de Concapa (una de las asociaciones promotoras de la objeción de conciencia), no comprende por qué no podrán pasar de curso cuando la ley permite promocionar con dos y, excepcionalmente, con tres suspensos.
El delegado provincial, Ángel Felpeto, respondió que la LOE dice qué hacer con los alumnos que suspendan los exámenes de una asignatura, pero no concreta nada sobre los que deciden no asistir a clase o abandonar la materia, los cuales, según su opinión, no deberían pasar de curso.
De esta forma, la Delegación Provincial ya ha fijado la trayectoria que les espera a los más de 1.100 objetores de conciencia que, según la asociación Educación y Persona, han presentado su negativa hacia esta asignatura. El documento que los padres entreguen en el colegio será trasladado a la administración educativa y se informará a las familias de que el alumno no podrá pasar de curso ni obtener el título.
Asociaciones jurídicas y familiares (Foro de la Familia, Concapa y Centro Jurídico Tomás Moro) han avisado que promoverán la presentación de una querella criminal contra Ángel Felpeto por obstaculizar un derecho de los padres a escoger la educación que quieran para sus hijos. Esta resolución administrativa supone una amenaza que tiene como objetivo impedir que las familias puedan ejercitar el derecho constitucional de objeción de conciencia, señaló el Foro de la Familia.
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, aseguró a Efe que resultan muy difíciles de entender las objeciones contra la asignatura, ya que se encuentra ligada a los valores constitucionales y a los derechos humanos. Además, señaló que es imposible adoctrinar en una democracia.
