Más de 10.000 familias han mostrado formalmente el rechazo a esta asignatura

Gaceta de los Negocios

Miles de alumnos de Secundaria de siete comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) empezarán a cursar desde el próximo mes de septiembre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los estudiantes del resto de España comenzarán en 2008, y los de Primaria, en 2009. El debate provocado por la materia, lejos de aminorar su ritmo de polémica en los meses de verano, cobra cada día más fuerza. Las administraciones educativas estudian el futuro de los alumnos que han mostrado, mediante la objeción de conciencia, su rechazo a la asignatura.

Desde el pasado mes de mayo, más de 10.000 familias han recurrido a la objeción de conciencia, según los últimos datos recopilados por Profesionales por la Ética, una de las organizaciones promotoras de esta iniciativa. “Esta cifra, sin embargo, puede aumentar debido a que muchos padres han objetado y no lo han comunicado a las organizaciones que están recabando datos a diario en toda España”, asegura Leonor Tamayo, portavoz de esta asociación.

La cifra total es interesante, más teniendo en cuenta que se han producido objeciones en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, en la mayoría de ellas el número de familias que han acudido a este recurso no superan las 50. Castilla-La Mancha (3.397), Madrid (2.500), Murcia (1.800) y Andalucía (608) son la excepción. Sólo en Toledo se registraron 800 objeciones, 400 de ellas en un mismo colegio.

En públicos y privados

El estudio de esta organización reveló que se objeta más en los pueblos que en las ciudades. Destaca el rechazo masivo de esta materia en algunas localidades como Lucena (Córdoba), donde se registraron 300 objeciones; Valdemoro, en Madrid, donde se han enviado 350 documentos solicitando no cursar la asignatura; mientras que en Cieza (Murcia) han sido 200 las familias que han formalizado su rechazo. Esta medida se ha planteado tanto en centros públicos como privados.

Además, la portavoz de Profesionales por la Ética señaló que “unas 15. 000 personas han recibido información directa sobre la asignatura y hemos distribuido 80.000 folletos y guías informativas para la objeción de conciencia”. Por otra parte, “se ha incrementado el número de asociaciones y plataformas que están difundiendo la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía”, afirma Tamayo.

Asignatura obligatoria

Las mayoría de las comunidades autónomas donde comienza la materia ya han anunciado cuál será su postura ante los alumnos objetores: la ley es de obligado cumplimiento y suspenderán a quienes no cursen la asignatura. De esta forma, se adhieren al argumento que han mantenido desde el Ministerio de Educación, que en distintas ocasiones ha insistido en que se trata de una asignatura aprobada por ley y que no cabe la opción de no cursarla.

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, afirmó con rotundidad que Educación para la Ciudadanía era una asignatura obligatoria por ley para lo que “no hay alternativa”, y no cursarla “impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos correspondientes”.

Por su parte, el propio secretario general de Educación, Alejandro Tiana, dijo el viernes que la propuesta de “lanzar a las familias hacia la objeción de conciencia” contra la asignatura supone “trasladar las discrepancias a los colegios”, donde lo que se precisa, es “sumar esfuerzos para lograr una buena educación”.

De esta forma, Tiana instó a quienes critican la citada asignatura a usar las vías ordinarias judiciales y a abandonar la idea de la objeción de conciencia, “como se ha hecho en etapas anteriores cuando se presentaron recursos” a regulaciones educativas.

Vía jurídica endeble

“Cuando uno cree que una regulación no se adecúa a la ley, el sistema democrático plantea vías ordinarias”, dijo Tiana en referencia a los Tribunales. En este sentido, agregó que acudir a la objeción de conciencia es “apelar a una vía jurídica muy endeble”.

A su juicio, el tipo de críticas recibidas a la citada materia son “muy genéricas, y yo aún no he recibido notas concretas sobre epígrafes que molestan”. “Estamos convencidos que cualquier padre o madre, que decida acercarse a la materia para conocerla, disipará sus temores”, aseguró el secretario general.

División de opiniones

Las comunidades autónomas que expresaron su postura de forma más clara han sido precisamente las que no impartirán la asignatura el curso que viene. La comunidad de Madrid ha planteado realizar tareas de voluntariado social como una alternativa a la materia. Realizarán la propuesta formalmente al Ministerio de Educación pero por el momento, según señaló la consejera de Educación, Lucía Figar a LA GACETA, “el Ministerio no les ha dicho que no”.

Por otra parte, José Valverde, consejero de Educación de Castilla la Mancha, explicó a este periódico que plantear una alternativa como la de Madrid es “una deslealtad institucional”. “Podemos estar de acuerdo o no con una determinada legislación a nivel estatal. Pero en ningún caso podemos decidir sobre su cumplimiento”, dijo Valverde.

“No pretendemos que las familias dejen de ejercer un derecho. Simplemente hemos querido trasladar con claridad a la opinión pública que hay que cumplir la ley y que quien no curse una asignatura, Ciudadanía o cualquier otra, no podrá pasar de curso”, aseguró el consejero de Educación.

La Iglesia, por su parte, también ha mostrado claramente su opinión sobre esta controvertida materia y ha advertido reiteradamente de sus riesgos. La nota de la última Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) señala que se trata de “una asignatura que no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos”.

Así, los responsables del Episcopado reclamaron la necesidad de luchar “con todos los medios legítimos” contra “una asignatura inaceptable, tanto en la forma como en el fondo”.

Concretó que “los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos”. Y añadió que “no hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cambio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias (...) porque está en juego la libertad de conciencia y de enseñanza”.