El Gobierno de la Generalitat ha aprobado la ley de centros de culto por la que establece que se regularán todas las licencias concedidas a los centros religiosos, así como a las actividades que se realicen en la calle o en lugares no dedicados a tal efecto

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado ayer lunes la ley de centros de culto por la que establece que por motivos de “higiene, seguridad y salubridad” se regularán todas las licencias concedidas a los centros religiosos, así como a las actividades que se realicen en la calle o en lugares no dedicados a tal efecto.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLR) ha advertido de las consecuencias que esta ley podría traer para la libertad religiosa que pretende defender:

* Dejar en las manos arbitrarias de un ayuntamiento de cualquier signo la valoración respecto a las condiciones de un determinado centro, y qué condiciones son estas, son elementos de la máxima preocupación para este Observatorio.

* Determinados centros religiosos, como ermitas del s. XV, monasterios de clausura, mezquitas etc… que se vean imposibilitadas para cumplir esos requisitos aun desconocidos (pongamos por caso que se obliga a la ermita de Sta María del Castillo en Saldes, de 20 m2 ,  a poner un cuarto de baño para hombres y otro para mujeres) podrán ser clausurados o precintados por el alcalde correspondiente.

* Las manifestaciones de religiosidad en la calle quedan también dentro de esta ley, así, los pasos de Semana Santa que no cumplan las normas de “seguridad” y “salubridad” (para los portadores de los pasos, todos) podrán ser prohibidos siempre bajo criterio del ayuntamiento.

* La ley la ha presentado el Sr. Carod Rovira, que hace unos años escandalizó a España con la burla a los cristianos (católicos, protestantes) de la corona de espinas. Resulta chocante que bajo pretexto de “defender la libertad religiosa” sea precisamente el Sr. Carod Rovira como vicepresidente de la Generalitat, el que presente esta ley.

Por todo ello nos resulta preocupante esta ley y solicitamos de los agentes sociales (medios de comunicación, legisladores, ciudadanos) una reflexión profunda de las consecuencias que vaya a traer a aplicación de dicha norma.

Pablo Molinero es el portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.

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