Es del dominio público, desde hace años, que la matanza silenciosa que se perpetra en España, al abrigo de una legislación abortista abominable, ha dado lugar a un colosal fraude de ley
Gaceta de los Negocios
La detención, el lunes, de seis personas en las clínicas abortistas regentadas en Barcelona por Carlos Morín ha puesto sobre la palestra la falta de reglamentación para el aborto en España. Las diligencias policiales ordenadas por el juzgado número 33 de la Ciudad Condal continuaron ayer con el registro de la casa del ginecólogo peruano Morín.
La fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, explicó a Catalunya Ràdio que las activid
ades de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona (Ginemedex, TBC, Emece y Fundación Morin) eran radicalmente ilegales y que en eso se fundamenta la actuación de la Justicia.
Según fuentes de la investigación mencionadas ayer por El Periodico de Catalunya, en las clínicas de Morín ni siquiera se molestaban en cumplir los requisitos formales del aborto despenalizado en España, que puede hacerse sin límite de tiempo en el embarazo si se alega peligro para la salud de la madre. Los informes psicológicos se falsificaban y se utilizaban ecografías de otras pacientes para disimular los avanzados estados de gestación. Semanas de pinchazos telefónicos, seguimientos y la declaración de una ex empleada de Morín, hoy testigo protegida, ha puesto al trasluz la trama.
La información, firmada por Mayka Navarro y J.G. Albalat, precisa que la testigo aportó listas y documentación que avalaban las falsificaciones, así como datos concretos en relación a la manera irregular con la que las clínicas se deshacían de los fetos. Por este mismo motivo (arrojar productos de abortos a la basura ordinaria) reabrió el juzgado número 47 de Madrid una querella contra la clínica abortista Isadora.
Los seis arrestados ayer en Barcelona pasaron la noche en los calabozos de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia y todo apunta a que se agotarán las 72 horas legales de detención antes de que pasen a disposición judicial.
Según El Periodico, los informes psiquiátricos los firmaban dos médicos que, presuntamente, acudían a la clínica una vez a la semana y que avalaban los abortos sin visitar siquiera a las pacientes.
¿Ley o reglamento?
Al tener noticia de la investigación policial, el secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, aseguró que para evitar que vengan mujeres del extranjero a abortar a España fuera de los plazos en que está permitido en su país, debería existir una legislación europea uniforme. En el mismo sentido se manifestó Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, así como representante de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), en declaraciones a El Confidencial Digital.
En cambio, asociaciones pro vida y de defensa de la mujer afirman que no es precisa una nueva ley, sino reglamentos para que se cumpla la ya existente. En este sentido, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, se lamentó ayer en declaraciones a Europa Press de que las clínicas abortistas sean islas ajenas al Estado de Derecho.
La Asociación de Víctimas del Aborto, por su parte, opina que exigir auténticos certificados psiquiátricos (firmados por profesionales ajenos al centro abortista) para el 97% de abortos que alegan peligro para la vida de la madre, sería la forma de evitar los abortos ilegales. Los psiquiatras, además, consideran siempre más sano continuar el embarazo que abortar. Según Vincent M. Rue, codirector del Institute for Pregnancy Loss de Jacksonville (Florida, EEUU), que en 1981 contribuyó con la primera evidencia clínica del trauma post-aborto, éste provoca problemas de salud mental a más del 20% de las mujeres que abortan, y la mitad de ellas tiene problemas crónicos a lo largo de su vida.
Leyes abominables
Gaceta de los Negocios - Editorial
Tal vez algunos piensen que los delitos de aborto que presuntamente se han cometido en Barcelona, y que han provocado varias detenciones, consisten en haberse producido en embarazos tardíos. Pero y debería saberse, estas acciones no están en España castigadas por la ley siempre que se cometan en determinadas circunstancias y con los oportunos
certificados de riesgo para la salud de la madre si prosiguiera su embarazo. La acusación se basa, entre otras cosas, en que esos certificados son falsos. Por macabro que parezca, la edad de las víctimas es irrelevante.
Es del dominio público, desde hace años, que la matanza silenciosa que se perpetra en España, al abrigo de una legislación abortista abominable, ha dado lugar a un colosal fraude de ley. Por fin, y porque se ha producido un escándalo en Dinamarca a cuenta de lo que aquí ocurre, parece que la Justicia española ha decidido intervenir en este asunto siniestro. Los más optimistas piensan que ha llegado la hora de que los legisladores reflexionen sobre el desprecio hacia la vida humana inocente que exhiben nuestras leyes. Ojalá lleven razón. Pero nos permitimos poner sobre aviso a todos: también es posible que este episodio desemboque en una campaña para acabar con el fraude de ley, sí, pero no terminando con la permisividad legal ominosa, sino suprimiendo las cautelas que pretenden impedir que la matanza sea siempre impune.
