Va en detrimento de las horas dedicadas a Lengua y Religión
Gaceta de los Negocios
Anteayer publicaba La Gaceta una información sobre las claves del comienzo de curso político. En materia educativa, tres son los principales retos del Gobierno: la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (plan Bolonia); la separación de Universidades e Investigación en dos departamentos ministeriales; y la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en casi todas las comunidades. Sólo algunas universidades aplicarán ya este curso la normativa de Bolonia; el resto lo hará obligatoriamente el próximo.
Son muchas las dificultades de adaptación. La separación ministerial ha sido 
muy criticada por expertos y oposición. EpC parece condenada al fracaso, pues es posible que el Gobierno consiga vencer, pero es seguro que no logrará convencer a los muchos ciudadanos que se oponen a ella.
Los principales argumentos en contra ya han sido expuestos, pero, en el comienzo del curso y ante su implantación generalizada, conviene insistir en algunos fundamentales. La asignatura entra en vigor en detrimento de las horas lectivas dedicadas a otras como Lengua, Conocimiento del Medio y Filosofía. Era inevitable que algunas sufrieran la reducción, ya que no se incrementan las horas lectivas. Pero la más perjudicada es Religión, que pierde horas y deja de ser obligatoria, para impartirse fuera de las horas de clase. Los que la elijan, en alguna de sus modalidades confesionales, perderán tiempo de recreo. Pierde todo valor curricular.
Pero lo peor consiste en la naturaleza de la nueva asignatura, pues si parte de sus programas puede estar justificada, en realidad es una formación moral dictada por el Gobierno, en conflicto con el derecho de los padres, establecido por la Constitución, a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. La cosa queda así: el Ejecutivo se reserva el derecho (que no lo tiene) a establecer la formación moral básica que todo ciudadano debe recibir, y deja la enseñanza de la Religión como una opción voluntaria e impartida en horas de recreo. Tan patente como contundente objeción habría quedado suprimida si se hubiera configurado con el carácter de optativa. Este hecho revela la verdadera intención del Gobierno: usurpar el derecho de los padres, dictando la formación moral obligatoria.
Ante este estado de cosas, no es extraño que aumente la oposición ciudadana a la asignatura, incluso bajo la forma de la objeción de conciencia, ni que los tribunales hayan respaldado en algunos casos el derecho de los padres a oponerse a que sus hijos reciban obligatoriamente esa enseñanza. El Gobierno de La Rioja acaba de garantizar este derecho. Pues el problema no consiste sólo en el contenido de los programas y libros, que, desde luego, plantean problemas, sino en la existencia de una asignatura que aspira a configurar las convicciones morales de los alumnos. Aunque fueran irreprochables, que no lo son, tampoco estaría justificada esa intromisión, que atenta contra derechos y libertades fundamentales, y que es propia de regímenes totalitarios. Todo quedaría, al menos jurídicamente, más claro si el Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad de la nueva asignatura configurada como obligatoria.
Cualquier intromisión del Estado en la formación moral de los alumnos es abusiva e incompatible con la libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa. El Gobierno debería suprimir la asignatura o, al menos, establecerla como optativa.
