Se independizó del Reino Unido en 1947, se desgajó de la India, y se definió como república islámica en la constitución de 1956
El Tribunal Supremo de Pakistán decidió aplazar la vista de la apelación de Asia Bibi, señalada para el pasado 13 de octubre. Las razones son un tanto confusas: uno de los tres jueces que debían decidir colegialmente se ha negado a formar parte de la sala y a deliberar sobre este controvertido caso, nadie sabe si por miedo o por qué otro motivo. Lo cierto es que esa mujer cristiana, madre de cuatro hijos, sigue en prisión, condenada a muerte por una blasfemia a todas luces inexistente. El aplazamiento resulta un obstáculo inesperado más a juicio de la familia y del abogado −musulmán.
Pakistán se independizó del Reino Unido en 1947, se desgajó de la India, y se definió como república islámica en la constitución de 1956. Tiene cerca de doscientos millones de habitantes, el sexto país más poblado del mundo, con una extensión que no llega a los ochocientos mil km. Su importancia estratégica puede estar en el origen de su inestabilidad política desde la independencia, inquietante por muchos motivos, especialmente por ser una potencia nuclear a pesar de su relativa pobreza.
Es una federación, con cuatro provincias y otros tantos territorios federales, con muchas diferencias entre sí, especialmente en el plano de la tolerancia religiosa. Pero, en conjunto, el código penal vigente incluye una abusiva “ley de la blasfemia”, con frecuencia utilizada contra personas inocentes para privarles de sus propiedades, cuando no −como en el caso de Asia Bibi− para condenarles a muerte. El gobierno central de Islamabad, aunque ha adoptado algunas medidas favorables a la libertad religiosa, no ha modificado la ley penal, aplicada con profusión en algunas provincias.
La realidad es compleja en el plano religioso. En concreto, la intolerancia en algunos lugares es compatible con las peregrinaciones masivas a la Virgen de Mariamabad (“ciudad de María”) en Lahore, especialmente en la fiesta del Santo Nombre de María: el pasado 12 de septiembre 2016 acudieron, como informaba la agencia Fides, cerca de cuatrocientas mil personas de todas las religiones (además de cristianos, musulmanes, hindúes y sikhs); la gente va a pedir una gracia especial a la Virgen, y llegan a pie o en bicicleta, en un viaje que puede durar varios días.
Esa devoción popular es compatible con el cierre de la televisión católica de Lahore, junto con otros diez canales gestionados por grupos cristianos protestantes, como consecuencia de una orden emitida en septiembre por la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán. Afecta también a emisiones por cable o a páginas web difundidas a través de Internet.
Paradójicamente, casi a la vez, el gobierno central ponía en marcha, dentro del Ministerio de Asuntos Religiosos, un Consejo Internacional para la armonía interreligiosa, órgano consultivo para estudiar y fomentar las buenas relaciones entre las diferentes comunidades religiosas del país, así como relaciones internacionales con organizaciones semejantes. Existe ya un Consejo Nacional para la paz y la armonía religiosa, que debería difundir mensajes y prácticas de tolerancia, respeto y reconciliación entre todos los ciudadanos, con independencia de su religión, origen étnico o cultura.
De otra parte, se discuten actualmente en el parlamento paquistaní dos proyectos importantes: la creación de una “Comisión para los derechos de las minorías en Pakistán” (un órgano independiente para garantizar el respeto de los derechos humanos, formado por once personas de diferentes religiones y grupos étnicos,) y la “Ley para la protección de las minorías 2016”, que aborda la cuestión de las conversiones forzadas.
Este proyecto de ley es muy complejo. Establecería que un menor no podría cambiar de religión antes de alcanzar la mayoría de edad (18 años). Se trataría de evitar el fenómeno de las niñas cristianas o hindúes secuestradas, violadas y forzadas a contraer matrimonio islámico o a la esclavitud. Además, la amenaza de ser acusados de apostasía quienes dejen libremente la religión islámica.
Si se aprueban, significarán un paso adelante, aunque no faltarán dificultades para la aplicación práctica de esas normas. Sobre todo, seguirá en pie la gran amenaza de la “ley de la blasfemia”. Pero esos instrumentos jurídicos evitarían discriminaciones religiosas, que tratan de hecho a los no musulmanes como ciudadanos de segunda categoría.
