La elección de centro escolar para los hijos es un derecho que hay que ejercitar y un deber que hay que cumplir; de poco sirve que la libertad esté en boca de todos, si, de hecho, no puedo formalizar esa libertad en opciones concretas
Cuarenta mil personas en una manifestación es mucha gente. Y eso, a un político, le hace pupa. Es comprensible. Pero más allá del interés −que, según la Real Academia, es provecho, utilidad, ganancia− hay un motivo, a mi entender, de fondo: la libertad. De poco sirve que la libertad esté en boca de todos, si, de hecho, no puedo formalizar esa libertad en opciones concretas. La elección de centro escolar para los hijos no es un derecho graciosamente concedido por la autoridad competente, sino que es un derecho constitucional, una conquista diaria, un ejercicio contra toda arbitrariedad, que asiste a los ciudadanos. Es legítimo. No es un lujo, sino un derecho que hay que ejercitar y un deber que hay que cumplir.
No hay libertad si no hay reciprocidad: la mejor manera de defender mi libertad es defender la ajena; y así, entre otros eslóganes que escuché, hay uno que me llamó la atención: «Escuela pública sí, escuela concertada sí». No se trata de oposición, sino de complementariedad. Poco importa que la Administración pague a unos profesionales funcionarios −o interinos− u a otros que, con la misma profesionalidad, tratan de sacar adelante este lío que hemos de lidiar, que es la educación, para pasar a un puesto más digno entre los países de la OCDE, pues el denostado informe PISA, un año tras otro, nos sitúa en el furgón de cola.
Cuando una comunidad escolar se moviliza, como ha sido el caso, lo mejor es dialogar: oponerse porque sí, no deja de ser atrabiliario y rancio paternalismo. En definitiva, dame pan y dime tonto. O lo que es lo mismo, con la farfolla marrullera de «no con el dinero público», «no a las élites» (¡cuánto nos falta para caer en la cuenta de que necesitamos muchas más élites!), no se resuelven los problemas, pues es fácil farfullar y embarullar en el vacío elocuente.
No sé por qué regla de tres, la Administración se arroga un poder que no le corresponde y que se usa de modo arbitrario. Esto deja perplejos a los ciudadanos, pues genera inseguridad en las acciones administrativas y son fuente de nuevos problemas que antes no existían. La educación no es pública, en el sentido de que sólo compete a la correspondiente consellería o ministerio: compete a todos, es muy pública. Una Administración al servicio de todos, lo que debe hacer es facilitar la libertad de los ciudadanos y ciudadanas, estar pegada a las demandas legítimas, pisar terreno. El político no está para ir sembrando minas en la sociedad, ni remover los fondos que, a veces, son bajos fondos, sino lograr una armoniosa convivencia. Un buen político sabe dar juego y no eclipsa, con su figura mediática, la libertad de los ciudadanos.
