Como insiste el papa, “las autoridades deben ser capaces de actuar eficazmente, utilizando los instrumentos legislativos y operativos adecuados, con pleno respeto del Estado de Derecho y de las garantías procesales…
Con motivo de la presentación del último libro del cardenal Robert Sarah, en España y en Italia, muchos han escrito sobre el proceso de secularización en Europa, la crisis de fe en la Iglesia o la teología del sacerdocio. Esta última ha sufrido mucho como consecuencia de los abusos sexuales cometidos por personas consagradas, sobre todo, los perpetrados contra menores. A esto se refirió expresamente en Milán: nunca en el pasado se habían repetido acusaciones tan graves y horribles como las que se dirigen actualmente contra cardenales, obispos, sacerdotes, a veces incluso condenados a penas de prisión.
Ciertamente, nunca han faltado clérigos o religiosos poco ejemplares en su conducta, pero la situación producida en algunos países de Occidente en la segunda mitad del siglo XX, no tiene precedentes a juicio del cardenal. Se une a otras manifestaciones dolorosas que muestran el declive humano −no sólo cristiano− de una civilización. Ante una crisis tan profunda, no bastan las soluciones jurídicas, aunque son indispensables: tanto la Santa Sede como diversas conferencias episcopales han hecho un ímprobo trabajo, que está dando evidentes frutos. De ahí la insistencia del cardenal en la necesidad de, ante todo, trabajar por la unidad de la Iglesia, apoyados en cuatro pilares que, si se tambalean o caen, es preciso fortalecer y reconstruir, con paciencia, día a día: la oración; la doctrina; el amor a Pedro; la caridad fraterna.
En este contexto, me pareció significativo el discurso del papa Francisco a los participantes en la Conferencia Promoting Digital Child Dignity − From Concept to Action (Promover la dignidad digital de los niños − Del concepto a la acción), que tuvo lugar del 14 al 15 de noviembre, en la Casina Pío IV, sede de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Nadie duda de la importancia de las técnicas digitales en la configuración de la sociedad en el mundo actual, especialmente en su tremenda influencia en la formación de los más jóvenes. De ahí el interés y el impulso del pontífice ante la importancia de “unir fuerzas para abordar la cuestión de la protección efectiva de la dignidad de los menores en el mundo digital, porque un problema tan complejo requiere la colaboración de todos: científicos y tecnólogos, empresarios y operadores económicos, legisladores, políticos y funcionarios de seguridad, educadores y psicólogos, y no en último término líderes religiosos y morales”.
El planteamiento del papa es claro: “la Iglesia Católica en las últimas décadas, tras las dramáticas experiencias vividas en su cuerpo, ha alcanzado una aguda conciencia de la gravedad del abuso sexual de los menores y de sus consecuencias, del sufrimiento que causa, de la urgencia de curar sus heridas, de combatir estos crímenes con la máxima determinación y de desarrollar una prevención eficaz. Por lo tanto, también se siente obligada a mirar hacia adelante con previsión”.
Los conceptos están relativamente claros. Se trata de mejorar en el aprovechamiento formativo de las tecnologías, especialmente a favor de “los menores que viven en situación de desventaja o lejos de los centros urbanos de los países más industrializados”. Y, a la vez, evitar el riesgo de que puedan ser “objeto de violencia criminal inaceptable y de influencias gravemente perjudiciales para la integridad de su cuerpo y de su espíritu”.
El papa conoce la expansión mundial de los abusos −más que nunca y en edades más tempranas− y de las dificultades para combatirlos que tienen familias, instituciones, autoridades. De hecho, “una de las características del desarrollo tecnológico actual es que nos toma por sorpresa, porque a menudo vemos primero los aspectos más fascinantes y positivos (que afortunadamente no faltan), pero luego nos damos cuenta de las consecuencias negativas cuando ya están generalizadas y es muy difícil remediarlas”. Por eso espera un más intenso trabajo de los expertos “para proteger la dignidad de los menores”.
La tarea no es fácil, también porque los planteamientos culturales de fondo tienden a la gratuidad y transparencia de las comunicaciones. Se rechaza cuanto pueda parecer límite a la libertad de la persona. Y no contribuyen a la solución de los problemas las normas o decisiones administrativas que buscan sobre todo el control de los ciudadanos, especialmente en países autoritarios.
La ética no se impone con leyes, ni en el plano personal, ni en el técnico, por la notoria capacidad de los transgresores tecnológicos, que hace casi imposible el control. Pero, como insiste el papa, “las autoridades deben ser capaces de actuar eficazmente, utilizando los instrumentos legislativos y operativos adecuados, con pleno respeto del Estado de Derecho y de las garantías procesales, para luchar contra las actividades delictivas que atentan contra la vida y la dignidad de los menores”.
De otra parte, es indispensable fomentar la responsabilidad ética de dueños y gestores de las plataformas tecnológicas, incluso para renunciar a beneficios económicos antes que perjudicar a los más jóvenes. El papa recuerda algunas iniciativas prometedoras y, sobre todo, la tarea formativa de los auténticos líderes sociales, especialmente los religiosos, que “se proponen abordar estos problemas en un espíritu de solidaridad y corresponsabilidad”.
