Manuel Martínez-Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, denuncia en LD la gran discriminación que se avecina.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de modificación de la ley del aborto con el fin de que pase por las Cortes mediante una tramitación urgente. La ministra Irene Montero conseguía así avanzar en su reforma sin esperar siquiera al informe del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un hecho sin precedentes que pone de relieve el temor a que los jueces cuestionen una ley controvertida por muchas y muy variadas razones: desde el aborto de las menores sin permiso paterno, hasta la creación de un registro de objetores que ha puesto en pie de guerra a los médicos.
"Es evidente que estamos muy preocupados, porque eso puede utilizarse el día de mañana para decidir contrataciones, ascensos, etc.", sentencia Manuel Martínez-Sellés. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid es uno de los profesionales que más alto y claro se ha atrevido a hablar de estas listas negras que Montero pretende vender como la fórmula imprescindible para garantizar que todas las mujeres puedan abortar en hospitales públicos.
Riesgos y mentiras
El doctor reconoce que la gran mayoría de los abortos se realizan en centros privados, porque hay muchos hospitales públicos en los que sus ginecólogos, de forma unánime, se acogen a este derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, advierte de que la única forma de cumplir con los deseos de la ministra es ir contra un derecho que, tal y como recuerda, emana de nuestra propia Carta Magna. "Habría que hacer contrataciones especificando que determinados profesionales que se contraten no pueden ser objetores, y eso es una clarísima discriminación hacia quienes se acogen a su derecho constitucional a objetar", insiste Martínez-Sellés.
Habría que hacer contrataciones especificando que determinados profesionales que se contraten no pueden ser objetores, y eso es una clarísima discriminación.
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid pone de manifiesto, además, la artimaña de Irene Montero al plantear el problema en estos términos, ya que de sus palabras parece deducirse que, por culpa de la objeción de algunos médicos, hay mujeres que no pueden acceder al aborto gratuito, cuando esto es radicalmente falso. "Los abortos que se están practicando en centros privados son totalmente gratuitos. Si una mujer quiere abortar en un centro público y en ese centro público no se realizan abortos porque no hay médicos que quieran hacerlos, se la deriva a un centro privado que tiene un concierto. Es decir, la mujer no paga el coste del aborto. Es lo mismo que sucede si a uno le tienen que operar de la rodilla y en el hospital público no pueden operarle por lo que sea", aclara el doctor.
Una ley que "promueve el aborto"
En este sentido, Martínez-Sellés subraya, además, el agravio comparativo que sufren aquellas mujeres que optan por tener a su bebé. "Los abortos que se realizan en centros privados los pagamos todos con nuestros impuestos y, sin embargo, a la mujer que decide seguir adelante con su embarazo no se le da la ayuda económica que costaría realizar esa intervención", lamenta.
Los abortos los pagamos todos con nuestros impuestos y, sin embargo, a la mujer que decide seguir adelante no se le da la ayuda económica que costaría realizar esa intervención.
Con todo, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid advierte de que, tal y como está redactada, parece que el objetivo de la ley no sea garantizar la posibilidad de abortar, sino empujar a las mujeres en esa única dirección. Y, en su alegato, añade otros ejemplos: "Se elimina el periodo de reflexión de tres días, que es algo que a mí ya me parecía un tiempo muy corto para una decisión tan importante, y se quita la obligación de dar información verbal y por escrito a las mujeres de las distintas alternativas que existen y de las ayudas a la natalidad con las que cuentan".
