El respeto estricto al “derecho primario e inalienable” de los padres a elegir el tipo de educación coherente con sus convicciones

La educación de los hijos "es propiedad" de la familia. Son los padres quienes ostentan el deber y el derecho de elegir la formación de sus hijos, siempre que se respete la dignidad del menor.

El discurso del Papa León XIV ante las Cortes españolas reactivó la histórica disputa entre la concepción naturalista y el colectivismo en las aulas, poniendo el foco en las asimetrías del modelo de concertación autonómico.

Desde los albores de la filosofía griega, la concepción del “oikos” —la casa o unidad doméstica— ha sido el pilar fundamental sobre el cual se construye y sostiene la estructura de la “polis”.

Lejos de ser un mero núcleo afectivo, la familia se entendía originalmente como la célula base de la sociedad y la economía. Sin embargo, la manera de entender su rol ha dividido históricamente a los pensadores en dos corrientes contrapuestas que aún resuenan con fuerza en el debate político contemporáneo.

El choque de dos visiones históricas

Por un lado, Aristóteles defendía en su obra “Política” una visión naturalista, definiendo a la familia como la primera comunidad creada para la supervivencia cotidiana, siendo la unión de estas el origen orgánico de la sociedad. Una cosmovisión que se alinea firmemente con los principios de una sociedad democrática.

Por otro lado, Platón encarnaba en “La República” una visión utilitarista y colectiva, proponiendo abolir la familia tradicional para los gobernantes y guardianes bajo el argumento de que los lazos privados generaban egoísmo. Su alternativa era una crianza comunitaria gestionada por el Estado.

A ojos de diversos analistas, esta perspectiva platónica prefigura la lógica de los regímenes totalitarios y autoritarios —como los de la órbita marxista—, donde el individuo y su núcleo quedan supeditados al control absoluto del aparato estatal. Como contraposición histórica, es reseñable la actitud de muchos de los Estados que sufrieron la ocupación soviética, los cuales hoy priorizan subsidiar proyectos educativos impulsados por grupos de familias para hacerlos realidad.

El rol de la escuela y la subsidiariedad

El sentido común dictamina que una familia totalmente aislada no puede alcanzar el pleno desarrollo de sus miembros, limitando su dignidad humana al encerrarla en un ámbito restrictivo. Existe un consenso milenario en que la familia es la célula viva de la sociedad, otorgando a los progenitores el derecho fundamental y la responsabilidad ineludible de la crianza y educación de sus hijos dentro de su núcleo afectivo.

No obstante, en la complejidad del mundo contemporáneo, resulta prácticamente imposible que una familia aislada ofrezca por sí sola una formación académica, sociopolítica y religiosa de calidad. Es de esta realidad de donde emana la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años y la necesidad de centros educativos con diferentes idearios -respetuosos con la Constitución-, concebidos como un mecanismo de apoyo y no de suplantación.

En este delicado equilibrio cobra vigencia el principio de subsidiariedad, el cual establece que los asuntos deben ser resueltos por la autoridad más próxima y competente antes de delegarse a instancias superiores. Este principio opera en dos dimensiones:

Vertiente negativa: prohíbe a las instancias superiores intervenir en los asuntos de las inferiores si estas se bastan por sí mismas, frenando el centralismo asfixiante.

Vertiente positiva: obliga al Estado a intervenir y auxiliar a los niveles inferiores cuando estos se ven desbordados por la situación.

Al trasladar este principio al ámbito educativo, la premisa es rotunda: la educación de los hijos «es propiedad» de la familia. Son los padres quienes ostentan el deber y el derecho de elegir la formación de sus hijos, siempre que se respete la dignidad del menor. El Estado, por tanto, no debe adoctrinar ni sustituir, sino proporcionar la ayuda necesaria allí donde la capacidad familiar se vea superada.

Como dijo el Papa León en su mencionado discurso: “La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer».

Brecha autonómica y el desafío de la libertad de elección

En su histórico discurso, el Pontífice puso el foco en las instituciones públicas y privadas como aliadas estratégicas de las familias, recordando que el resto del contenido curricular debe ser proporcionado por ambas entidades dotadas de idearios propios. Esta colaboración exige el respeto estricto al “derecho primario e inalienable” de los padres a elegir el tipo de educación coherente con sus convicciones, un derecho amparado internacionalmente por el Artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (19 de diciembre de 1966 y ratificado por España en 1977).

A pesar de este marco jurídico, la realidad sobre el terreno español muestra profundas asimetrías. Actualmente, existen Comunidades Autónomas donde los padres no pueden ejercer de forma efecƟva esta libertad debido a barreras económicas. Al no disponer de centros concertados afines a sus idearios en sus ciudades, las familias se ven abocadas a recurrir a la enseñanza privada, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio de pago; o bien a conformarse con opciones ofertadas en las que no se encuentran cómodas.

La ovación de más de siete minutos que Sus Señorías brindaron en el hemiciclo parlamentario al Pontífice deja un sabor agridulce. Aunque es probable que buena parte de los aplausos no respaldara el fondo de este planteamiento sobre la libertad educativo, el gesto político abre una rendija a la esperanza de que las fuerzas legislativas recojan las palabras del Pontífice como una invitación al diálogo, dejando de lado descalificaciones y así poder llegar a acuerdos para el bien común como puede ser la tutela efectiva de la soberanía de las familias en el ámbito educativo.

Eloy Asenjo Carpintero en omnesmag.com