Almudi.org Aborto en la Comunidad Valenciana
La Consejería de Sanidad había
derivado los abortos a los hospitales públicos para evitar irregularidades en
las clínicas privadas
VALENCIA, 12 septiembre 2003 (VERITAS).-
La portada del periódico «Las Provincias» de Valencia anunciaba hoy en portada
que «el hospital Clínico de Valencia se ha visto obligado a contratar a dos
nuevos ginecólogos para poder practicar los abortos legales que paga la sanidad
pública».
Los...
Almudi.org Aborto en la Comunidad Valenciana
La Consejería de Sanidad había
derivado los abortos a los hospitales públicos para evitar irregularidades en
las clínicas privadas
VALENCIA, 12 septiembre 2003 (VERITAS).-
La portada del periódico «Las Provincias» de Valencia anunciaba hoy en portada
que «el hospital Clínico de Valencia se ha visto obligado a contratar a dos
nuevos ginecólogos para poder practicar los abortos legales que paga la sanidad
pública».
Los médicos del centro han ejercido
su derecho a la objeción de conciencia y han obligado al centro a recurrir a
médicos externos para practicar abortos, tal como declaraba al periódico
valenciano Manuel Montánchez, director del centro hospitalario.
«El hospital Clínico realiza este
tipo de intervenciones desde el pasado mes de julio, fecha en que la Consejería
de Sanidad anunció su intención de asumir la práctica de la mayoría de abortos
gratuitos», afirma «Las Provincias».
El mes de julio Vicente Rambla, consejero
de Sanidad de la Comunidad, afirmaba a «Las Provincias» que, al asumir los
hospitales públicos valencianos la mayoría de las intervenciones, «se permitirá
realizar un mayor seguimiento de los casos y constatar en qué medida existe un
cumplimiento estricto de los casos previstos por el Código Penal».
Ante los datos del 2002, que
recogían que el 98 % de los abortos practicados en la Comunidad Valenciana eran
realizados por mujeres que se acogían al supuesto que contempla el aborto en
caso de riesgo psíquico para la madre, Sanidad pretende con esta medida vigilar
las autorizaciones que firman los especialistas.
La Ley del Aborto de 1985 no
especificaba si el dictamen psicológico debía ser emitido por un especialista
de la sanidad pública o de la privada. Las nuevas disposiciones de la sanidad
valenciana exigen que el dictamen médico para valorar la posible alteración
psíquica sea realizado, cuando la paciente provenga de los centros de salud
dependientes de la Consejería de Sanidad y el aborto se practique en un
hospital público, por un psiquiatra de uno de estos hospitales públicos.
Justo Aznar, presidente de la
Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, firma hoy un artículo de
opinión en «Las Provincias», en el que sostiene que esta medida ha puesto de
manifiesto «el fraude legal de las clínicas abortistas».
«Siempre me había parecido que el
supuesto despenalizador del aborto fundado en una hipotética grave alteración
psíquica de la madre podría ser, en las clínicas abortistas privadas, una
puerta abierta al aborto prácticamente libre», dice Aznar.
«Ahora se pone de manifiesto con su
alarma que lo que estaban y están haciendo, más que un servicio a la mujer es
un servicio a sus bolsillos, a costa de la mujer, y sobre todo a costa de sus
hijos no nacidos, pues nunca hay que olvidar que éstos son siempre los perdedores
en el aborto», añade.
Con esta afirmación, el presidente
de la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida se refiere al recelo de
las clínicas privadas que «temen que ante el dictamen médico de un psiquiatra
independiente, los pingües beneficios que obtienen por esta incalificable
práctica, que difícilmente se puede llamar médica, se vean sustancialmente reducidos».
ZS03091211
