Afirmar que no se identifican necesariamente forma parte de la nueva rebeldía que necesitamos

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Desde la tradición helénica la relación entre ley y moral, entre la racional ordenación del espacio público por quien tiene la autoridad del pueblo y su adecuación a los principios de la recta razón, era una relación de armonía y congruencia porque ciertamente la ley expresaba esos criterios de moralidad.

La convivencia entre ley y moral aunque ha podido coincidir, incluso identificarse durante largo tiempo, requiere deslindar los ámbitos propios de la ley y de la moral porque, obviamente, aunque puedan coexistir pacíficamente o ser complementarias, es lo cierto que son realidades distintas y que, en algún caso podrían incluso quebrar.

¿Las leyes de la época nazi, acaso eran morales?, ¿Eran morales las leyes de la dominación comunista? Es decir, el parlamento representa al pueblo, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que éste sea la encarnación de la moral o que, como algunos gustan decir, el parlamento sea la fuente del bien y del mal. ¿Es que el parlamento tiene el monopolio exclusivo de la razón? O si se quiere, ¿se puede afirmar seriamente que el parlamento sea el único ámbito de la deliberación pública?.

La contestación a estas preguntas en modo alguno pretende rebajar la centralidad del parlamento en la vida política, solo faltaría. Lo que sí pone de manifiesto es que no se debe afirmar la identidad entre legalidad y moralidad. Algo que en el tiempo presente, en España, me parece que hay que subrayar con claridad, puesto que están saliendo del parlamento algunas leyes que socavan abiertamente principios morales objetivos.

Sí, principios morales objetivos. Existen principios morales objetivos porque siempre habrá cosas o conductas que serán malas y otras buenas: mentir es malo, robar es malo, decir la verdad es bueno, respetar la propiedad es bueno. Discriminar a la mujer es malo, imponer a los niños la adopción sin contar con su voluntad es malo…

Hoy, parece mentira, la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana es una tarea contra corriente, es una apasionante aventura; quizás como en los años sesenta el compromiso con la justicia social. Hoy, resulta que lo progresista es criticar el rancio individualismo insolidario que representa el poder dominante.

Hoy lo revolucionario es desafiar la dictadura del pensamiento único. Hoy, lo que atrae a las mentes con espíritu abierto y plural es llamar la atención sobre la gran conspiración que intenta narcotizar las conciencias de tanta gente de bien.

Ojala los jóvenes, entre los que me incluyo, recuperemos el espíritu de búsqueda de la verdad, de compromiso con los más necesitados. Ojala que podamos desenmascarar la descarada y orquestada campaña que pretende eliminar el gusto por el pensamiento, el gusto por el compromiso, por el riesgo y la aventura en la defensa de los valores humanos. Afirmar que legalidad y moralidad no se identifican necesariamente forma parte de la nueva rebeldía que necesitamos.

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo