Al decir “todos” y no “toda persona”, la Carta Magna pretende incluir al no nacido

La Gaceta

El Senado, por una exigua mayoría y con el apoyo del PNV y la mitad de los senadores de CiU, ha consumado la aprobación de una ley inicua, quizá el más grave error jurídico de la democracia.

Bajo el ropaje vergonzante de la regulación de la “salud sexual y reproductiva de la mujer”, la ley convierte lo que hasta ahora había sido en nuestro ordenamiento jurídico un delito, en un derecho de la mujer.

Mientras, el presidente del Gobierno proclamaba en la ONU, a propósito de la pena de muerte, que nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano. A menos, al parecer, que aún no haya nacido.

La ley, que entrará en vigor dentro de cuatro meses, entraña una transformación radical de nuestro derecho y de la concepción sobre la dignidad de la vida humana. Lo que era un delito es ahora un derecho. A pesar de que se intentó negar la realidad, el artículo 18 lo configura como un derecho de la mujer.

No se trata de una mera despenalización, sino de su configuración como derecho; esto es, como algo que puede ser legítimamente exigido de los poderes públicos; es decir, no algo meramente lícito, sino exigible con la fuerza del derecho. No es que se despenalice matar en ciertos casos; es que se proclama como derecho. Hay un derecho a matar.

El texto aprobado es, si no me equivoco, inconstitucional. El artículo 15 de la Constitución establece que “todos tienen derecho a la vida”. Y al decir “todos” —y no “toda persona”— se pretendía incluir inequívocamente al no nacido. Además, el TC, aunque declaró que el feto no es titular del derecho a la vida, estableció que era un bien digno de protección jurídica.

Una ley de plazos es incompatible con esta consideración del embrión. En las primeras catorce semanas de gestación, el aborto es un derecho que se ejerce sin necesidad de alegar ningún supuesto. ¿Dónde queda la protección jurídica?

Por lo demás, el aborto es libre hasta la semana vigesimosegunda, pues basta con alegar riesgo para la salud de la madre. Argumentar que la formación del consentimiento de la mujer garantiza la protección, sólo añade cinismo al mal.

Además, el nuevo texto prevé que la mujer que declare su decisión de abortar sea informada de la forma y lugar para hacerlo, y sólo después —y en sobre cerrado—, se le informa de las ayudas, en caso de que decida seguir con el embarazo.

En Alemania, que tiene una ley de plazos, la información a la mujer persigue, por imperativo legal, que ésta continúe con la gestación. Justo lo contrario que en el caso español.

También reviste una extrema gravedad el aspecto educativo. Con la nueva ley, el aborto se concebirá como una realidad normal en los planes de estudios, y su técnica pasará a formar parte de la formación de los profesionales de la sanidad. Habrá que enterrar, junto a Montesquieu, también a Hipócrates.

Las menores de 16 y 17 años podrán abortar con sólo notificarlo a uno de sus padres o tutores, salvo que aleguen eventuales situaciones de violencia. Es decir, quienes no pueden comprar tabaco o consumir una cerveza en un local público, pueden abortar libremente. Aunque la ley prevé la objeción de conciencia de los médicos y enfermeros, prevalece sobre ese derecho el de la mujer a abortar.

Es tan inicua la nueva regulación que sus defensores se acogen a la mentira del eufemismo. La ley no regula el aborto, sino la salud sexual de la mujer. El aborto se encubre bajo la expresión “interrupción voluntaria del embarazo”. Extraña interrupción ésta que carece de posible continuación.

Por eso se resisten a la exhibición de la realidad del embrión eliminado. Necesitan la invisibilidad del embrión para acallar su mala conciencia. También resulta invisible la paternidad. Es cosa de la mujer. El varón está de más. Eso sí, si la mujer decide no interrumpir el embarazo —es decir, no matar a su hijo antes de nacer—, entonces puede exigir la responsabilidad al padre, incluida la prueba de paternidad.

La desprotección de la mujer es clamorosa. Toda la ley es una invitación al aborto. Desaparecen las alternativas, a pesar de las demandas de adopción, y las ayudas, que intentan convencer a la mujer de que tenga a su hijo. Claro que las invocaciones de los partidarios de la ley al drama son muy hipócritas, pues ¿qué drama puede haber en el ejercicio de un derecho?

Estamos ante el mayor despropósito legislativo de la democracia. Julián Marías dijo que la aceptación social del aborto, junto al consumo de drogas, era el mayor error moral del siglo XX. Si la madre decide si tiene el hijo o acaba con él, bien podemos decir que, ahora, nadie tiene en España derecho a la vida. La vida es una arbitraria concesión materna.