Para algunos no parece aceptable si se trata de profesores que trabajan en centros católicos
Para algunos no parece aceptable si se trata de profesores que trabajan en centros católicos
El arzobispo de San Francisco, mons. Salvatore Cordileone, ha promulgado un reglamento por el cual los docentes de las cuatro escuelas gestionadas por la diócesis tendrán que ser coherentes −en sus manifestaciones públicas− con las enseñanzas de la Iglesia en algunas cuestiones morales. La medida ha provocado algún revuelo e incluso una vigilia de protesta ante la catedral, con unos cien participantes, en la que no faltaron (foto) carteles que lucían la conocida frase del papa Francisco: “¿quién soy yo para juzgar?”
Cordileone ha subrayado que la medida pretende fomentar la claridad, que no exigirá firmas ni juramentos por parte de los profesores y que no entra en cuestiones de vida privada. Para un grupo de políticos locales (del Partido Democrático) y para gran parte de la prensa, sin embargo, la actitud del arzobispo es “discriminatoria” y “envía un mensaje de intolerancia” a la juventud. El arzobispo ha preguntado a los políticos “si estarían dispuestos a contratar como gestor de sus campañas a personas que se mostraran en contra de sus propuestas o que manifestaran falta de respeto hacia vosotros o hacia el Partido Democrático en general”.
Los políticos no han respondido porque pedir un mínimo de coherencia no parece algo descabellado. A nadie extrañaría si Apple dijera a sus empleados que no pueden manifestarse públicamente en contra de los productos de la marca (posiblemente lo ha dicho…). Para algunos, ese acto de coherencia, sin embargo, no parece aceptable si se trata de profesores que trabajan en centros católicos, donde no se vende un producto ni se planifica una estrategia de poder sino que se ofrece una visión del hombre coherente con el evangelio.
