La máxima institución en materia de derechos humanos pide que sea regulada legalmente
ABC
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer una resolución en la que pide a todos los Estados miembros que respeten el derecho a la objeción de conciencia en el caso de los médicos que se nieguen a practicar abortos. En su origen, la resolución la presentaron 
parlamentarios que querían precisamente una regulación que dificultase esa opción a los profesionales de la sanidad e instituciones hospitalarias, pero a lo largo de la tramitación las enmiendas sucesivas llegaron a una redacción clara en el sentido opuesto.
Naturalmente, el resultado de la votación fue muy apretado (56 a favor, 51 en contra y 4 abstenciones) pero la redacción aprobada es muy contundente cuando dice que «ninguna persona, hospital o institución debe ser presionada, culpada o discriminada de ninguna manera por negarse a realizar, acoger, asistir practicar un aborto, un falso parto provocado, una eutanasia o toda intervención que provoque la muerte de un feto o de un embrión humano, cualesquiera que sean las razones».
La resolución ha cambiado hasta su título por el definitivo del "El derecho a la objeción de conciencia en las prácticas médicas legales" y pide precisamente que en la legislación de los estados miembros se «afirme el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia junto con la responsabilidad del estado de asegurar que los pacientes tienen acceso a las prácticas medicas legales a su debido tiempo».
En España la nueva legislación sobre el aborto no ha regulado la objeción de conciencia, lo que ha generado una sucesión de dudas en distintas comunidades autónomas. Según la resolución del Consejo de Europa, organismo paneuropeo de defensa de los derechos humanos con sede en Estrasburgo, no solo los profesionales de la medicina, sino los hospitales o las instituciones como las comunidades autónomas deben tener derecho a regular las fórmulas en las que puede aplicarse la objeción de conciencia en este caso.
La resolución insiste en que los países miembros deben regularlo de manera que las mujeres que soliciten un aborto puedan ser informadas a su debido tiempo y en su caso dirigidas a otro centro de manera que se garantice el acceso a un "tratamiento". Las 89 enmiendas que hicieron posible la modificación fueron presentadas, en su mayoría, por dos parlamentarios del Grupo Popular (PPE), el irlandés Roman Mullen y el italiano Luca Volonté. Votaron a favor los diputados populares y en contra los socialistas y de izquierda radical.
Imponer la ley
Por otra parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, avisó ayer que los ministerios de Igualdad y Sanidad "actuarán" con los recursos de la "Alta Inspección del Estado" sobre aquellas comunidades autónomas donde la Ley del Aborto no se cumpla "satisfactoriamente".
