La protección de la moralidad de la acción social requiere un especial cuidado

Gaceta de los Negocios

Titulaba el diario “todavía más gubernamental” que la Iglesia condena la medicina del siglo XXI. Así en su totalidad y sin ningún tipo de excepciones, reforzando el tópico de la oposición entre la ciencia y prejuicios morales y religiosos.

El documento objeto de tan rotundo rechazo, extendido mucho más allá de los límites estrictos del propio diario sextario, no introduce apenas novedades en las posiciones conocidas y no parece sustentar ninguna tesis científica o anticientífica alternativa a la famosa Medicina del Siglo XXI. Es más, ni por motivos científicos ni anticientíficos, parece que el documento pretendiese condenar o construir una vida alternativa a la medicina regenerativa, que es una gran esperanza para todos pero una peculiar panacea para algunos.

En su modestia, el texto discutido parece objetar uno de los dogmas contemporáneos, en el que se apoyan algunas de las posiciones radicales del presente. Según este dogma, sabiamente descrito por autores como Yubal Levin, nuestra actuación científica, que se refiere fundamentalmente a la mejora de la salud como objetivo social casi único, se encuentra situada en la excepcionalidad. Este estado de excepción, por la urgencia de superar cualquier problema sanitario o garantizar el hipotético derecho a ser curado a cualquier coste, justifica el abandono de consideraciones éticas o incluso políticas de cualquier índole que nos alejen del camino unilateralmente definido por cualquier grupo investigador o de presión.

Así no serían admisibles objeciones planteadas desde la perspectiva de la dignidad de la persona, de los efectos en el orden social de las acciones emprendidas, del mantenimiento de la protección de libertades de los más débiles, de las consecuencias sobre generaciones futuras etc. Es de destacar que esta nueva actitud discrepa de la sostenida públicamente durante el siglo XX, pues debido a los efectos observables en la vida social de países totalitarios y no totalitarios, este siglo incidió en una deontología de la práctica médica que ponía en el límite de los medios, en la igualdad de trato y en el respeto a la dignidad su principal criterio de afirmación de la medicina humanizada.

No se trata por lo tanto de discrepancia entre el saber racional por excelencia, el científico y saberes más o menos tradicionales o parciales, sino de la conciencia de que la protección de la dignidad, de la moralidad de la acción social, de la salvaguarda de la decencia en la actividad pública requiere un especial cuidado. En el 60 aniversario de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos bueno es recordar que el bien derivado del progreso científico debe integrarse con el conjunto del resto de los derechos y obligaciones.

José Miguel Serrano es profesor de Filosofía del Derecho