Lo ideal sería que la objeción de conciencia estuviese protegida al máximo, y que los ciudadanos tuviésemos la honestidad de no acudir a ella sino por verdadero aprieto moral
El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del farmacéutico sevillano Joaquín Herrera Dávila. La Junta de Andalucía le había puesto una señora multa por negarse a vender la píldora del día después, de efectos abortivos. La noticia es excelente porque nos perfeccionamos como sociedad cada vez que el Derecho abre un resquicio de libertad entre su maraña de leyes.
Enseguida, sobre ciertas objeciones de conciencia se desatan las críticas; y desde los sectores que más presumen de progresismo y fervor por las libertades y las insumisiones. Con respecto a las conciencias y a las concienciaciones, en España rige la ley del embudo. "Que un policía se niegue a ir a un desahucio es heroico. Que un farmacéutico no venda la pastilla es fascismo. Necesito aclaraciones". Quien las pide es el tuitero MGaussage. Yo, no; que ya sé que las varas de medir son variadas y variables.
Lo cual, aunque choque, es anecdótico. Lo esencial, en cambio, se piensa poco. El Estado o los tribunales pueden reconocer la objeción de conciencia, amparándola, esto es, eximiendo o atenuando las consecuencias que derivan de incumplir una ley; y se agradece. Lo que no pueden hacer, ojo, es crear la objeción o denegarla. ¿Qué es eso −que se repite tanto− de que una ley prohíbe objetarla? Incluso la sentencia de Herrera Dávila, sin ir más lejos, no reconoce su objeción a vender preservativos y la Junta ha afirmado que presentará recursos contra esta sentencia porque "la ley no permite la objeción". ¡Ja! Será que no la ampara, en todo caso. La conciencia es anterior a la ley y cualquier persona puede objetar, aunque sea al precio de atenerse a las consecuencias. Toda ley permite la objeción porque cualquier obligación es objetable.
La falta de amparo siempre es triste, pero casi siempre lógica, porque, si todo el mundo pudiese incumplir impunemente cualquier ley gracias a la objeción, aquí no pagaba impuestos ni el Tato. Lo ideal sería que la objeción de conciencia estuviese protegida al máximo, y más en los casos más sensibles, y que los ciudadanos tuviésemos la honestidad de no acudir a ella sino por verdadero aprieto moral. No como tantos objetores a la mili por comodidad y cálculo, ¿recuerdan? Pero no confundamos nunca el amparo legal, que es un derecho suplementario que otorgan los sistemas más civilizados, con el deber de actuar siempre de acuerdo a nuestros principios, como exige la conciencia.
