Una forma de "segregación" intolerable en una sociedad moderna, laica y comprometida con una idea de "igualdad" reducida e interesada

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El pasado 27 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación.

En el conjunto del articulado se introduce una cuestión educativa que es de gran importancia: la prohibición de concertar los colegios de enseñanza diferenciada. Estos centros son en su mayoría de ideario católico y escolarizan a muchos miles de niños y niñas. También crean muchos miles de puestos de trabajo.

      No es una iniciativa inocente. Desde hace ya tiempo, la autodenominada izquierda educativa adoptó como objetivo suprimir la influencia que la educación católica tiene en la sociedad, y de manera singular especificó su estrategia en los centros de educación diferenciada. No es tampoco casual que el recrudecimiento de la campaña de acoso y derribo a la escuela diferenciada coincida con el final de la batalla de "educación para la ciudadanía" y de la avalancha de objeciones a la asignatura, muchas de ellas localizadas en este tipo de centros.

      El argumento central de su ofensiva consiste en la "discriminación" de niños y niñas en la escolarización, una forma de "segregación" intolerable en una sociedad moderna, laica y comprometida con una idea de "igualdad" reducida e interesada: ¿No han caído en la cuenta de la financiación pública destinada a las federaciones deportivas que "segregan" por sexo sistemáticamente desde el nivel del deporte base hasta la alta competición? ¿No les provoca en igual medida la escasa paridad que hay en la selección española de fútbol o baloncesto?

      La realidad es muy diferente a la que predican los apóstoles de la coeducación, o escuela mixta. Sin entrar al fondo de la cuestión sobre la filosofía y la práctica de ambos modelos pedagógicos, el hecho esencial es la imposición de una censura predemocrática desde un poder que dice ser el campeón de los valores democráticos. Lo que está en juego es la definición misma de la libertad de enseñanza consagrada en nuestra constitución: cualquier centro de enseñanza que tenga la autorización administrativa para impartir enseñanza reglada, si tiene suficiente demanda social, puede y debe ser beneficiario del concierto educativo para garantizar la mayor igualdad posible en la elección de colegio por parte de todas las familias. Sin discriminación por motivos económicos.

      La escuela diferenciada es perfectamente legal en nuestro país y en todos los países de nuestro entorno. También en el marco LOE. Sus detractores han perdido siempre la batalla jurídica. Por ello era necesario crear una ley que les diera la razón a cualquier precio y arrinconar la escuela diferenciada a un gueto lo más inofensivo posible.

      Es sorprendente que los partidarios del "antiapartheid" escolar defiendan la retirada del concierto educativo por la "discriminación por sexo" que practican estos colegios sin reparar en que dicha discriminación, tal y como ellos mismos la definen, es falsa e inexistente. ¿Cómo, si no, sería posible que la Administración les haya concedido la autorización administrativa para desempeñar su labor educativa y el concierto educativo desde sus comienzos?

Antonio Amate, Secretario General de la Federación de Enseñanza de USO